Prohens expulsará a los okupas de las listas de espera de pisos sociales y no podrán recibir ayudas

La candidata electa a la presidencia del Govern balear, Marga Prohens (PP), expulsará a los okupas de las listas de espera de pisos públicos del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y tampoco podrán recibir subsidios sociales.

La que será presidenta de Baleares el próximo jueves 6 de julio abrirá una Oficina de Defensa de Víctimas de la Okupación y dará ayudas económicas a los propietarios afectados por este fenómeno. Un fenómeno que en Baleares se ha disparado de tal forma que, junto a Asturias, es la comunidad donde más han aumentado las okupaciones en el primer cuatrimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior: 136 frente a 152, según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Ante esta realidad, que la izquierda que ha gobernado en Baleares ha preferido ignorar, provocando así que muchos pisos sociales estén en manos de okupas o inquiokupas, el pacto PP-Vox que permitirá a Prohens gobernar en solitario los próximos cuatro años en las Islas prevé toda una serie de medidas para hacer frente a este escenario.

Además de las iniciativas citadas, habrá una atención telefónica permanente para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas de la okupación ilegal. El nuevo Ejecutivo autonómico se compromete a «establecer ayudas asistenciales y económicas para las víctimas de la okupación».

Esta medida social de apoyo a los propietarios afectados irá acompañada de un cambio en la legislación autonómica, con la finalidad de tipificar como «infracción grave» en la nueva Ley de Vivienda la okupación, de forma que los okupas no puedan recibir prestaciones en materia de vivienda o acceder a una de ellas de alquiler social del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

En el compromiso programático PP-Vox  queda patente que en el caso de que se produzca una okupación ilegal de un inmueble -no se especifica que sea público o privado- «los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la Justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado».

El acuerdo, por tanto, pone al afectado y no al okupa en el centro de la atención social y jurídica del poder público e incluye también el compromiso para requerir al Gobierno de España que plantee las modificaciones normativas que posibiliten el desalojo exprés en 24 horas de quien ocupe ilegalmente una vivienda, permitan luchar contra las mafias de la okupación, exonerar del pago de los impuestos a los propietarios de viviendas okupadas y prohibir que el inmueble okupado pueda ser considerado morada ni domicilio a través de empadronamiento.

Todo ello en beneficio de la propiedad privada en unas Islas Baleares que acabaron el año 2022 como la comunidad con mayor proporción de procedimientos judiciales exprés para el desalojo de okupas.

Las Islas registraron 13,9 juicios por cada 100.000 habitantes, por encima de las dos siguientes comunidades en el listado -Cataluña (12) y Castilla-La Mancha (11,2)- y superando en ocho puntos la media estatal (5,9 %).